• Con el fin de proteger la reputación de las personas, en particular de docentes, la diputada Leticia Mejía (PRI) planteó penas de hasta 12 años de cárcel a quien impute una denuncia falsa sobre un presunto delito contra otra persona.
• Para prevenir esta conducta contra maestras y maestros, propuso que la autoridad educativa fomente la solución pacífica de conflictos y los mecanismos alternativos de solución de controversias de la comunidad escolar.
Toluca, Estado de México, 28 de abril de 2026.- Con el fin de proteger la reputación de las personas, particularmente de docentes, la diputada Leticia Mejía García (PRI) planteó penas de hasta 12 años de cárcel a quien impute una denuncia falsa sobre un presunto delito contra otra persona, así como que la autoridad educativa fomente la solución pacífica de conflictos y los mecanismos alternativos de solución de controversias de la comunidad escolar.
Además de esta pena, propone elevar las multas vigentes por daño moral y reparación de los daños derivados de una acusación falsa, de mil días multa actualmente vigentes, hasta 5 mil.
En la exposición de su iniciativa de reforma al Código Penal y la Ley de Educación, ambos de la entidad, la parlamentaria señaló que ser falsamente acusado es un riesgo que desafortunadamente todas las personas enfrentan, independientemente del entorno en el que se desenvuelven; no obstante, apuntó, en el ámbito educativo es una realidad que afecta al personal docente.
Por lo anterior, precisó en sesión deliberante de la LXII Legislatura mexiquense, su planteamiento se enfoca principalmente a prevenir este ilícito en contra de maestras y maestros.
Además, en su propuesta la legisladora solicita, como acciones preventivas de estas acusaciones sin sustento, que la autoridad educativa fomente la solución pacífica de conflictos y mecanismos alternativos de solución de controversias en las que se involucren educandos, docentes, madres y padres o tutores; así como la concientización del daño que causan con el propósito de prevenirlas.
Asimismo, que emitan protocolos de actuación ante estos casos orientados a garantizar la seguridad e integridad de las personas que integran la comunidad educativa; respetar los derechos humanos de presunción de inocencia y debido proceso; brindar apoyo legal, laboral y psicológico a las personas involucradas; y promover mecanismos de reparación integral para cuando las acusaciones resulten falsas.
Por último, que dispone que la autoridad educativa fomente el respeto a la labor docente y a su persona, incluyendo la protección de su honor, crédito y prestigio.
En su exposición la legisladora detalló que, en 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) registró que casi el 44 por ciento de las personas privadas de la libertad señalaron que el motivo de su reclusión fue haber sido acusadas falsamente o haber sido implicadas en la comisión de un delito.
En este sentido, señaló que, ante las actuales condiciones del país, donde la incidencia delictiva registra elevadísimos índices, no solo es preponderante que se implementen medidas que favorezcan la cultura de la denuncia, también es pertinente la implementación de acciones que eviten que esa herramienta legal sea utilizada con el afán de perjudicar la reputación de una persona.
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