Ciudad de México.- Reformas adicionales y una implementación efectiva son esenciales para prevenir la detención arbitraria generalizada, señala el grupo de expertos de la ONU tras su visita a México.
La delegación del Grupo de Trabajo, integrada por los miembros Matthew Gillett, Ganna Yudkivska y Miriam Estrada-Castillo, reconoció las reformas en áreas de derechos humanos, incluida la transición a un procedimiento penal acusatorio, la extensión del amparo a los derechos humanos reconocidos internacionalmente, la Ley Nacional de Ejecución Penal, la introducción de un Registro Nacional de Detenciones y una jurisprudencia cada vez más centrada en los derechos humanos.
Lo anterior, tras las reuniones con las autoridades, jueces, comisiones de derechos humanos, representantes de la sociedad civil y otros actores interesados, de la Ciudad de México, Nuevo León y Chiapas. Además, visitaron 15 lugares de privación de libertad y entrevistaron a personas detenidas.
“La detención arbitraria sigue siendo una práctica generalizada en México y con demasiada frecuencia es el catalizador de malos tratos, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias”, dijeron.
Manifestaron que a pesar de la jurisprudencia del Grupo de Trabajo y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, persiste el uso excesivo de la prisión preventiva, que sigue siendo obligatoria según la Constitución mexicana para una extensa lista de delitos.
“El arraigo, aunque su uso está disminuyendo, también está presente en la Constitución. La prisión preventiva obligatoria y el arraigo deben abolirse lo antes posible”, enfatizaron.
La delegación del Grupo de Trabajo sostuvo que las Fuerzas Armadas mexicanas, la Guardia Nacional y agencias estatales y municipales carecen de los controles civiles e independientes necesarios para garantizar la prevención y la rendición de cuentas, por lo que frecuentemente están implicadas en detenciones arbitrarias.
Así mismo, señalan que el uso excesivo de la fuerza, especialmente desde el momento de la aprehensión hasta que los detenidos son puestos a disposición ante una autoridad judicial, es frecuente.
“En muchos casos, se infligen tortura y otras formas de malos tratos para obtener confesiones y declaraciones incriminatorias”, manifestaron. “Los retrasos entre el momento de la detención de una persona, su puesta a disposición ante el Ministerio Público y su posterior traslado a la autoridad judicial, aumentan el riesgo de graves violaciones de derechos humanos durante este período crítico”.
Los expertos señalan como debilidades, los sistemas de registro de las detenciones; interpretaciones demasiado amplias del delito en flagrancia; acceso insuficiente a asistencia legal efectiva; períodos excesivamente largos de prisión preventiva; ataques a la independencia judicial y al debido proceso; un enfoque demasiado punitivo de la política de drogas; y deficiencias en las condiciones de detención.
El Grupo de Trabajo señaló que le preocupaba especialmente la detención de personas en el contexto de movilidad. “México debe garantizar que la detención de migrantes sea el último recurso, por el menor tiempo posible, luego de una evaluación individualizada, en condiciones dignas y con acceso a asistencia legal”, dijeron las personas expertas.
Resaltaron que la detención arbitraria en México afecta a una amplia gama de personas en México, con riesgos particulares para los grupos vulnerables, incluidos los pueblos indígenas, las personas con discapacidad, las personas LGBTI+, los adolescentes, las personas mayores y las personas que viven en la pobreza.
“En particular, las autoridades deben garantizar medidas especiales de protección y un enfoque basado en el género. Nadie debe ser sometido a detención arbitraria”.
Se presentará un informe final sobre la visita al Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2024.
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