Toluca, Estado de México, 23 de diciembre 2025.- El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) logró la aprobación de una iniciativa dirigida al Congreso de la Unión para crear una Comisión Ordinaria de Seguimiento para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género.
La bancada que coordina el diputado Oscar González presentó iniciativas en materia de fiscalización, derechos de personas neurodivergentes, seguridad pública con perspectiva de género, eutanasia, justicia cívica, y reconocimiento de comunidades indígenas.
En el primer periodo ordinario del segundo año de la LXII Legislatura mexiquense, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) logró la aprobación de una iniciativa dirigida al Congreso de la Unión para crear una Comisión Ordinaria de Seguimiento para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género, e impulsó reformas en materia de predial, trastornos neuronales, seguridad con perspectiva de género, eutanasia, subsidios fiscales y pueblos originarios.
En el periodo del 5 de septiembre al 18 de diciembre del 2025, a propuesta de esta bancada, se exhortó al Ayuntamiento de Zinacantepec a atender, a la mayor brevedad posible, la problemática de falta de agua en las colonias Zimbrones, ICA, La Virgen, Las Culturas, La Joya, Emiliano Zapata y Ojuelos.
Esta bancada presentó iniciativas para permitir que los gobiernos municipales cobren predial a las autopistas concesionadas al sector privado, y cuenten con capacidades recaudatorias por la instalación de postes, antenas, cableado o ductos para servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, ambas de su coordinador diputado Oscar González Yáñez.
En esta materia, presentó una iniciativa para que autos con valor superior a 550 mil pesos que decidan emplacar en el Estado de México paguen una contribución anual equivalente a un mes de la Unidad de Medida de Actualización (UMA), es decir, 3 mil 439.46 pesos con el valor vigente, con el objetivo de combatir la evasión fiscal derivada del uso de placas de otras entidades.
Para garantizar una vida digna y autónoma a personas con Trastorno del Espectro Autista y otras condiciones de neurodivergencia, también planteó crear la Ley para la Visibilización, Atención, Protección e Inclusión de este sector, a fin de asegurar su acceso a servicios, derechos y apoyos institucionales. Por otro lado, para la detección temprana de enfermedades no transmisibles, solicitó que se otorgue a todas las personas servidoras públicas un día de permiso anual, con goce íntegro de salario, para realizar estudios médicos preventivos.
Asimismo, propuso que la representación del Congreso mexiquense en el Mecanismo Estatal de Coordinación en materia de búsqueda recaiga en la presidencia de la Comisión Legislativa de Declaratorias de Alerta de Violencia de Género, con el fin de garantizar perfiles especializados y con enfoque prioritario en la desaparición y feminicidio de mujeres.
Además, que los 125 municipios del estado cuenten obligatoriamente con una Policía de Género, especializada en la atención de mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia, al igual que unidades de análisis y contexto, a fin de integrarlas a la estructura existente para combatir este tipo de violencia y coadyuvar en la investigación de feminicidios y casos de desaparición de personas.
De igual forma, solicitó despenalizar y regular la eutanasia, para permitir que personas en fase terminal o con padecimientos incurables que generen sufrimiento físico o psicológico intolerable puedan acceder a una muerte digna y sin dolor.
Con el fin de actualizar los perfiles en justicia cívica, propuso que las y los jueces cívicos no solo puedan contar con licenciatura en Derecho, sino también con Licenciatura en Medios Alternos de Solución de Conflictos, acorde con los avances en mediación, conciliación y mecanismos pacíficos de resolución.
En defensa de los derechos de comunidades originarias, se formuló un exhorto al Ayuntamiento de Ecatepec a cumplir plenamente el reconocimiento de Santa María Tulpetlac como localidad indígena —emitido en mayo de 2024—, mediante políticas, programas, presupuesto y acciones verificables que garanticen sus derechos culturales, territoriales y comunitarios.
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