- Con reformas impulsadas por las bancadas del PVEM, PT, PRI, PAN y la gobernadora Delfina Gómez, el Estado de México refuerza la defensa de los recursos naturales y el equilibrio ecosistémico.
- Para proteger el medio ambiente, el Congreso local ha aprobado reformas que endurecen sanciones por tala clandestina, otorgar bolsas de plástico de un solo uso, disposición de residuos en lugares no autorizados, así como para regular el uso de cañones antigranizo
Toluca, Estado de México, 05 de junio de 2025.- Para proteger el medio ambiente, durante la LXII Legislatura mexiquense se han aprobado reformas para incrementar las penas por tala clandestina; otorgar bolsas de plástico de un solo uso; regular el uso de cañones antigranizo y avionetas antilluvia; imponer trabajo comunitario a quienes reincidan en la disposición de residuos sólidos en sitios no autorizados; impulsar la educación ambiental en escuelas; garantizar el derecho de las comunidades a participar en la restauración y protección de ecosistemas, y promover una agricultura sostenible.
En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio), cabe señalar el trabajo que las, le y los diputados locales han impulsado desde el Congreso mexiquense en este tema, como la aprobación de hasta 20 años de prisión y mil 500 días multa para quien, sin autorización legal, realice, auxilie, coopere, consienta o participe en la transportación, almacenamiento, distribución, procesamiento, comercialización o destrucción de productos de los montes o bosques, con lo que se busca disuadir y reducir las conductas delincuenciales medioambientales.
Este dictamen, elaborado con las propuestas presentadas por la diputada Gloria Vanessa Linares Zetina (PVEM) y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, considera agravantes por diferentes motivos, los cuales pueden acumular penas de hasta 110 años de prisión.
También, para evitar desequilibrios ecológicos e impactos negativos al medio ambiente, se avaló la regulación de sistemas antigranizo, avionetas antilluvia o cualquier otro mecanismo o tecnología que modifique el ciclo hidrológico, cuya aplicación requerirá un permiso o, de lo contrario, habrá sanciones de hasta seis millones 222 mil 700 pesos (55 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente). El dictamen conjuntó las iniciativas de la bancada del PVEM, el legislador Isaac Josué Hernández Méndez (PT), la diputada Leticia Mejía García (PRI) y la gobernadora.
Por otro lado, a propuesta de las bancadas de PVEM y MC, y de la titular del Ejecutivo estatal, se avaló una sanción de hasta 339 mil 420 pesos a quien otorgue, de forma gratuita, productos plásticos de un solo uso en unidades económicas, excluyendo bolsas o contenedores que constituyan un empaque primario, que prevengan el desperdicio de bienes o que por cuestiones de higiene o salud se requieran, así como bolsas de acarreo que cumplan las normas ambientales.
Además, quien realice estas acciones se hará acreedora o acreedor a la clausura temporal o definitiva, parcial o total de los establecimientos, o la cancelación de las autorizaciones de aprovechamiento o uso de la inscripción registral o de las actividades de que se trate las personas físicas o jurídicas colectivas.
A iniciativa de la bancada del PVEM y de la gobernadora, se avaló que las autoridades competentes sancionen con trabajo comunitario, en materia de protección y preservación del ambiente en el espacio afectado, a quienes reincidan en la disposición de residuos sólidos de cualquier especie en la vía pública, áreas comunes, parques, barrancas, despoblados y, en general, en sitios no autorizados.
Asimismo, conforme a la propuesta de la diputada Rocío Alexia Dávila Sánchez y el diputado Pablo Fernández de Cevallos González, integrante y coordinador parlamentario del PAN, respectivamente, se aprobó garantizar el derecho de las comunidades a participar en la restauración y protección de los ecosistemas, e impulsar una agricultura sostenible en los municipios, vinculando esfuerzos gubernamentales, ciudadanos y empresariales.
Finalmente, resultado de una iniciativa del Ejecutivo, se impulsó la educación ambiental en planes escolares, y la protección de áreas naturales mediante estudios técnicos coordinados con los municipios, dependencias federales y estatales competentes, así como sectores público, privado y social.
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